Se celebra el juicio contra el cazador que presuntamente mató a golpes y arrojó a cinco perros de su rehala a un arroyo en Córdoba

Se celebra el juicio contra el cazador que presuntamente mató a golpes y arrojó a cinco perros de su rehala a un arroyo en Córdoba

El Juzgado de lo Penal nº3 de Córdoba celebra este miércoles, 24 de enero, el juicio contra el rehalero que presuntamente golpeó en la cabeza a cinco podencos hasta matarlos y arrojar sus cuerpos a la poza del Arroyo de Cantarranas (Córdoba). Los hechos tuvieron lugar en mayo de 2022. La Asociación Galgos del Sur se personó como acusación popular y solicitan la pena máxima. Galgos del Sur ejerce la acusación con Dulce Aguilera, del despacho jurídico Justicia Animales & Medio Ambiente.

Los cuerpos fueron hallados tras recibir avisos vecinales. La Guardia Civil pudo recuperar tres, pero, dadas las características de la zona, se precisó ayuda de la empresa municipal de saneamiento de Córdoba (SADECO) para recuperar los dos restantes.

La necropsia reveló que murieron a consecuencia de fuertes golpes en la cabeza, presentando múltiples fracturas en el cráneo, hundimiento del mismo y hematomas antemortem.

Cuatro de los cinco animales tenían microchip registrado a nombre de un cazador que confirmó su cesión (de palabra) al acusado, sin realizar el cambio de titularidad obligatorio. Todo apunta a que el rehalero habría decidido poner fin a sus vidas después de considerar que ya no le eran de utilidad para el ejercicio de la caza. La inspección de las instalaciones propiedad del acusado reveló la presencia de todos los pasaportes de los perros fallecidos, así como 26 animales adicionales y sacos de pienso similares a los que contenían los cadáveres.

Galgos del Sur reclamó en su momento, como medida cautelar, la retirada de la licencia de caza y armas, y la clausura y precinto de las instalaciones donde albergaba a los animales, y el decomiso de estos, sin poderse haber realizado esta última petición debido a que estos fueron “regalados” antes de la intervención.

La asociación denunciante espera que el juez imponga la pena máxima al acusado, para quien han pedido 18 meses de prisión por cada perro muerto, además de los 4 años de inhabilitación mencionados al comienzo de esta noticia y la condena en costas.

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