La Asociación Protectora de Animales Galgos del Sur denuncia la lentitud, inoperancia e ineficacia del sistema judicial, al no haberse resuelto después de dos años el decomiso urgente de más de 60 perros que solicitó por su pésimo estado de salud y las deplorables condiciones de higiene en las que vivían.
Los hechos se remontan a julio de 2021, cuando Galgos del Sur, en el marco de su investigación sobre el maltrato que sufren los perros de caza en España, localizó una rehala en un municipio de la provincia de Córdoba repleta de perros encadenados, enfermos, desnutridos, llenos de parásitos y algunos de ellos al borde de la muerte.
La protectora de animales presentó la denuncia ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Montoro, solicitando medidas cautelares urgentes. Entre ellas, el decomiso de todos los animales que conformaban la rehala.
Para apoyar esta petición, Galgos del Sur aportó no uno, sino hasta tres informes veterinarios que documentaban de forma pormenorizada el estado en el que se encontraba cada uno de los perros, la necesidad de recibir asistencia veterinaria urgente por parte de muchos de ellos y el riesgo de muerte en caso de no recibirla a tiempo.
Además, la Oficina Comarcal Agraria (OCA) emitió otro informe, en el que reseñaba que los perros estaban en malas condiciones higiénico-sanitarias.
EN PELIGRO DE MUERTE
Uno de los informes veterinarios destaca la “existencia de entre 60 y 80 perros en estado de abandono total, muy desnutridos y sin tener cubiertas las necesidades mínimas, comprometiendo la salud y el bienestar de dichos animales”.
“Se aprecia una absoluta falta de cuidados, viviendo en unas condiciones higiénico-sanitarias altamente deficientes, sin acceso a comida ni agua potable, sobre sus propias heces y orines, encadenados con cadenas cortas, algunas de ellas de unos 25 centímetros de longitud, con las que casi no pueden tumbarse en el suelo”, describe.
De acuerdo con la veterinaria firmante, estas condiciones ponen en peligro la salud de los animales y comprometen su supervivencia.
“Todos presentan un estado de desnutrición tal que la mayoría no alcanza el 60% del peso que deberían tener. Tienen heridas abiertas de diverso tamaño y úlceras en la piel. El estado de parasitación externa es alarmante. Hay perros que necesitan cuidados veterinarios urgentes para evitar un desenlace mortal”, advierte.
El informe veterinario recoge también el estado de caquexia y deshidratación, además de signos claros de enfermedad, como diarreas líquidas con sangre, parásitos y mucosidad en las heces, fiebre, apatía, lesiones en la piel, heridas, alopecia, prurito, infecciones en ojos y oídos y lesiones compatibles con enfermedades crónicas no tratadas.
“Si tales condiciones de vida continúan durante un breve periodo de tiempo, varios de estos animales fallecerán. Todos necesitan atención veterinaria y varios de ellos requerirán hospitalización y cuidados intensivos”, concluye.
LENTITUD E INEFICACIA JUDICIAL
Galgos del Sur explica que, pesar de la urgencia del caso y de la contundencia de los informes de tres veterinarios diferentes, esta denuncia no fue incoada hasta dos meses después, mientras que la preceptiva inspección veterinaria se demoró casi siete meses.
Además, en la inspección ocular llevada a cabo por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, los agentes no dejaron constancia de las condiciones en las que se encontraban los animales, limitándose a realizar una descripción de las instalaciones en las que se encontraban recluidos.
Por su parte, el Ministerio Fiscal, considerando que no era suficiente con la existencia de tres informes emitidos por tres veterinarios clínicos diferentes, solicitó al juzgado la designación de un perito veterinario. Una designación que, a día de hoy, y según denuncia la protectora de animales, todavía no se ha realizado.
En la actualidad, dos años después del hallazgo de esta rehala y de la denuncia interpuesta ante los organismos judiciales competentes, y a pesar de presentar Galgos del Sur pruebas que muestran indicios de la existencia de un presunto delito de falsedad documental por parte del veterinario de dicha rehala, el caso sigue paralizado y pendiente de resolverse por parte del juzgado, con el agravante de que en el tiempo transcurrido algunos de estos perros podrían haber muerto.
AMPARO INSTITUCIONAL
Por último, Galgos del Sur hace hincapié en el “amparo institucional que tiene el maltrato sufrido por miles de perros de caza en España”, entre ellos los que forman parte de las rehalas, así como la “inacción” por parte de las autoridades ante las “condiciones dantescas en las que están malviviendo estos animales al servicio de la caza”.
“Pedimos la prohibición de la caza con perros en campo abierto, al igual que ocurre en muchos países del resto de Europa, para acabar de una vez por todas con el abandono y el maltrato masivo e impune a estos animales”, manifiesta la presidenta de Galgos del Sur, Patricia Almansa.
