La Asociación Galgos de Sur demanda al Ayuntamiento de Córdoba ante los Tribunales de Justicia, concretamente ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo por las irregularidades administrativas existentes en las perreras de Carbonell.
Se trata de unas instalaciones respecto de las cuales la Asociación ha interpuesto demanda contencioso administrativa por la inexistencia de las preceptivas autorizaciones administrativas y la falta de ejercicio de actividad inspectora por parte del Ayuntamiento.
Tras la presentación de dos denuncias en 2021 contra las perreras que pueden llegar a albergar más de 300 perros destinados a la caza malviviendo en condiciones deplorables y soportando temperaturas extremas en zulos, la interposición de la demanda se produjo en pasado año. Una vez iniciado el procedimiento judicial la Asociación ha podido constatar que la actividad inspectora realizada por los cuerpos de seguridad en nada tiene que ver con la petición formulada en el escrito de denuncia, no llevando a cabo ninguna de las medidas cautelares solicitadas.
La demanda contenciosa fue desestimada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo frente a la cual la Asociación Galgos del Sur ha interpuesto, en los últimos días, el oportuno recurso de apelación que será resuelto ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla.
Resulta paradójico que una entidad de protección animal esté sometida a constantes inspecciones no llegando a albergar ni una cuarta parte de los animales que pueden existir en las perreras denunciadas y la Administración mire para otro lado tratándose de unas instalaciones que carecen de los más mínimos requisitos para albergar ese elevado número de animales, adoleciendo de los preceptivos permisos a los que cualquier centro estaría obligado a tener.
La dirección jurídica del procedimiento es llevado por la Lda. Dulce Aguilera del despacho jurídico Justicia- Animales & Medio Ambiente.
Desde la Asociación Galgos del Sur se tomarán todas las medidas que legalmente tengamos a nuestro alcance de cara a exigir el cumplimiento de la ley y depurar las posibles responsabilidades que pudieran derivarse.
