Galgos del Sur ha solicitado al Tribunal de Instancia la revocación de la suspensión de la pena de 18 meses de prisión de uno de los dos cazadores condenados por el conocido caso de la «finca de los horrores» de Cabra, así como su ingreso en prisión para cumplir la condena. La petición se fundamenta en el presunto incumplimiento de las condiciones impuestas por el juzgado para suspender la pena, concretamente la obligación de no volver a delinquir durante un periodo de dos años.
De la finca de los horrores a una nueva acusación judicial
En octubre de 2022, el Juzgado de lo Penal número 5 de Córdoba condenó a los dos responsables de la finca a 18 meses de prisión y cuatro años de inhabilitación para la tenencia de animales y el ejercicio de actividades profesionales o comerciales relacionadas con ellos.
La sentencia consideró probado que ambos mantuvieron durante meses a 29 perros en condiciones extremas de abandono y sufrimiento: encadenados a olivos, sin agua ni comida, rodeados de basura, excrementos y restos óseos de otros perros, sin refugio y con graves problemas de salud. Dos animales fallecieron como consecuencia de aquella situación, uno de ellos tuvo que ser eutanasiado por su gravísimo estado. Galgos del Sur participó en el rescate de los animales, haciéndose cargo de 21 de los 24 perros decomisados, y ejerció la acusación particular en el procedimiento que terminó con la condena.
Tras conocer indicios de que el condenado podría estar incumpliendo las prohibiciones judiciales, Galgos del Sur recurrió a investigadores privados para documentar sus actividades. El trabajo de estos profesionales se materializó en dos informes periciales de detectives privados que, según las acusaciones, documentarían que el condenado habría continuado con la posesión, cría y comercialización de animales en determinadas fincas, pese a su inhabilitación judicial.
Estos hechos han dado lugar a un nuevo procedimiento por un presunto delito de quebrantamiento de condena, tipificado en el artículo 468.1 del Código Penal. Tanto el Ministerio Fiscal como Galgos del Sur, en calidad de acusación particular, han presentado escritos de acusación contra el investigado. Además, mediante Auto de 15 de junio de 2026 se acordó la apertura de juicio oral.
Para la asociación, este avance procesal supone un cambio sustancial respecto a la situación anterior, cuando el juzgado rechazó su petición de revocación al encontrarse los hechos todavía en fase de investigación.
Ante esta situación, la entidad ha solicitado al tribunal:
- La revocación de la suspensión de los 18 meses de prisión.
- La ejecución efectiva de la condena.
- La expedición de las correspondientes órdenes para hacer efectivo el ingreso del condenado en un centro penitenciario.
Desde Galgos del Sur consideran que las condenas por maltrato animal deben cumplirse y que las inhabilitaciones judiciales no pueden convertirse en meras declaraciones sin consecuencias.
