Galgos, podencos y otros perros utilizados para la caza seguirán siendo considerados como meras herramientas y viviendo en condiciones de maltrato animal cuando entre en vigor la futura Ley de Protección Animal impulsada por el Gobierno de España, a través de la Dirección General de Derechos de los Animales. Así lo denuncia la Asociación Protectora de Animales Galgos del Sur, con más de 12 años de experiencia en el rescate y puesta en adopción de perros desechados por cazadores.
Según la organización, el texto legal aprobado en el Consejo de Ministros no perseguirá el maltrato a los perros de caza ni el desecho masivo de los mismos cuando son descartados por los cazadores por dejar de ser útiles. Serán las protectoras de animales las que continuarán velando por su protección y bienestar, mientras que los cazadores seguirán criando de forma irresponsable con el único requisito de estar inscritos en el registro de criadores.
“Cuando ya no sean útiles como herramientas de caza, seguirán deshaciéndose de ellos en el campo, en la calle o en plena carretera. O, en el mejor de los casos, en las puertas de perreras y protectoras de animales. Todo ello sin ningún tipo de consecuencia o multa”, lamenta la presidenta de Galgos del Sur, Patricia Almansa.
“Las protectoras seguiremos ejerciendo como servicio de recogida de perros de cazadores, haciendo el trabajo que deberían hacer las Administraciones Públicas y, encima, sin el apoyo, el reconocimiento y el respaldo de éstas”, añade.
MÁS CARGA PARA LAS PROTECTORAS
Según Galgos del Sur, las protectoras seguirán haciéndose cargo de responsabilidades como el rescate de animales abandonados, la atención veterinaria, la esterilización obligatoria, la alimentación, la recuperación física y psicológica de los perros y su sociabilización para que puedan ser adoptados y tener una segunda oportunidad.
Además, hay que tener en cuenta que son perros que llegan a los refugios aterrorizados, tras haber sufrido maltrato y vivido en condiciones deplorables, sin atención veterinaria, enfermos, heridos y, en muchos casos, atropellados y con fracturas.
Galgos del Sur hace hincapié en el hecho de que, con la nueva Ley de Protección Animal, que aún no ha entrado en vigor, la esterilización solo será obligatoria para las protectoras de animales, mientras que esa obligatoriedad el Gobierno la ha eliminado del texto legal de forma “intencionada”, para no impedir la cría a los cazadores.
Otro punto que denuncia Galgos del Sur es la diferenciación que hace de los perros de caza respecto al resto de perros, creando para ellos un apartado diferente denominado “perros utilizados en actividades específicas que se desarrollan en el medio rural”.
A juicio de la organización animalista, el propósito de esta diferenciación entre unos perros y otros es permitir que los utilizados para la caza continúen al servicio de los cazadores, viviendo aislados en lugares no aptos, ubicados en las afueras de poblaciones rurales, lejos de los ojos de la sociedad y sin ser sociabilizados.
“Esto favorece que los cazadores, rehaleros y galgueros mantengan a sus perros en condiciones lamentables, en pueblos pequeños donde todo el mundo se conoce y nadie se atreve a denunciar por miedo a represalias y con inspecciones laxas de forma esporádica, o directamente inexistentes”, apunta Almansa.
MÁS PRIVILEGIOS PARA CAZADORES
Por si fuera poco, en el artículo 37 de la futura Ley de Protección Animal, el Gobierno exime a los cazadores de obligaciones que sí impone a particulares, como realizar validaciones de comportamiento de sus perros y revisiones veterinarias específicas de aptitud, así como de poseer algún tipo de titulación específica o cursos de formación.
“Los perros de caza no tendrán edad mínima ni máxima para practicar la caza. Esto lo hacen así para favorecer que galgueros y podenqueros prueben a sus perros desde muy jóvenes, y así los rehaleros podrán seguir manteniendo a sus perros maltratados hasta el final de sus días”, asegura Almansa.
Galgos del Sur considera que el Gobierno ha “cumplido con los cazadores”, sin querer perjudicarles en una actividad que conlleva en sí misma un maltrato animal sistemático e institucionalizado, y otorgándoles concesiones y privilegios con sus perros respecto a las personas particulares.
“Esta Ley no solucionará ninguno de los grandes problemas que sufren los animales en nuestro país. Ni el maltrato, ni la cría descontrolada, ni el desecho masivo de perros de caza. Lamentablemente, los animales seguirán desamparados”, concluye Almansa.
