El Juzgado de lo Penal número 5 de Córdoba ha condenado por maltrato animal a los dos cazadores responsables de la “finca de los horrores” de Cabra (Córdoba), estableciendo para cada uno de ellos la pena máxima que permite el Código Penal: 18 meses de prisión y cuatro años de inhabilitación especial para la tenencia y cualquier ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales.
Además, ambos condenados deberán pagar una indemnización de más de 3.000 euros en concepto de gastos veterinarios, además de otros 3.000 euros por daños morales a la Asociación Protectora de Animales Galgos del Sur, que ha ejercido la acusación.
Galgos del Sur llevó a cabo el rescate y decomiso de 24 perros, en su mayoría galgos y podencos, en un operativo llevado a cabo junto a la Policía Local de Cabra y la Guardia Civil el 30 de octubre de 2020, haciéndose cargo de 21 de ellos en su refugio. También colaboraron en el rescate la protectora Acógenos y la organización SOS Ayuda Animal.
MALTRATO ANIMAL CONTINUADO
En la sentencia, la jueza considera como hechos probados que los dos acusados mantuvieron al menos durante meses a 29 perros a su cargo en “una finca sin las condiciones higiénico sanitarias adecuadas, atados con cadenas a olivos, sin agua, sin comida, rodeados de suciedad y huesos de otros perros fallecidos y sin refugio para cobijarse de las inclemencias del tiempo, contando solo con bidones y contenedores con bordes cortantes”.
También se considera probado que, como consecuencia de este maltrato animal continuado, “se produjo la muerte de un perro, que fue encontrado por agentes de la Policía Local de Cabra en un vallado perimetral próximo a la entrada del recinto”.
Otro perro, un pastor belga de color negro, tuvo que ser eutanasiado tras su traslado al Hospital Veterinario de Córdoba, donde no pudieron hacer nada por salvar su vida. El perro, “a causa de la situación de abandono a la que se vio sometido, sufrió lesiones consistentes en caquexia, taquipnea, taquicardia, palidez en mucosas, deshidratación, desnutrición y neumonía bilateral”, detalla la sentencia.
“El resto de animales sufrieron lesiones consistentes en leishmania, caquexia, deshidratación, fiebre, debilidad, piometra, epistasis, amputaciones de rabos, dermatitis, pododermatitis, conjuntivitis, pústulas, alopecias y heridas debidas a peleas y objetos cortantes, precisando algunos de ellos asistencia veterinaria permanente al hacerse crónicos sus padecimientos”, continúa explicando la sentencia judicial.
SENTENCIA PIONERA
La protectora Galgos del Sur ha mostrado su satisfacción con una sentencia que consideran histórica y que sienta precedentes para el futuro, tanto por la aplicación de la pena máxima como por la inclusión de una indemnización por daños morales.
“Estamos tremendamente satisfechos con el fallo de la sentencia, ya que es la máxima condena que se les podría haber aplicado con el vigente Código Penal y, además, se les ha condenado al pago de la responsabilidad civil solicitada por nuestra parte y una indemnización por daños morales”, asegura la abogada de Galgos del Sur, Dulce Aguilera, del despacho Justicia-Animales & Medio Ambiente, que ha ejercido la acusación en el procedimiento penal.
La jurista hace hincapié en lo “durísimo” que ha sido el procedimiento y la lectura de los informes periciales, que recogían cada una de las lesiones que presentaban los animales, así como el visionado de “dantescas imágenes que serán difíciles de olvidar”.
“Es una sentencia que viene a demostrar, una vez más, el trato tan denigrante, vejatorio y de maltrato cruel al que están sometidos los miles y miles de perros de caza en nuestro país. Desde Galgos del Sur continuaremos demostrando a la sociedad, con seriedad, contundencia y profesionalidad, que las rehalas y los perros de caza necesitan una especial protección”, concluye.
Por último, Galgos del Sur destaca que la futura Ley de Protección y Derechos de los Animales y la reforma del Código Penal que prepara el Gobierno, junto a la enmienda presentada por el PSOE para excluir a los perros de caza, serán un “amparo legal” para estos casos de maltrato animal, que “no serán castigados con la debida contundencia”.
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