Dos cazadores de Güejar Sierra (Granada) acusados de maltrato animal y de la muerte de sus perros se enfrentan a una petición de condena de tres años y medio de cárcel, la máxima pena que permite el Código Penal, en el juicio que tendrá lugar mañana en la sala de vistas del Juzgado de lo Penal nº 3 de Granada y en el que la Asociación Protectora de Animales Galgos del Sur ejerce la Acusación Particular.
La investigación llevada a cabo por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil constató la existencia de un total de 21 perros de caza en posesión de estos rehaleros, de los cuales en el operativo efectuado en julio del año pasado solo se pudieron rescatar ocho, que fueron inmediatamente decomisados por los agentes y trasladados al refugio de Galgos del Sur en Villafranca de Córdoba, donde se recuperaron para su puesta en adopción.
Otros cinco perros tuvieron que ser sacrificados por el mal estado de salud en el que se encontraban y los demás habían desaparecido cuando el Seprona acudió para decomisarlos por el mal estado en el que los habían encontrado en una inspección realizada con anterioridad.
Cuando Galgos del Sur acompañó a la Guardia Civil para rescatar a los perros, lo que encontró fue un escenario dantesco. Los perros malvivían en un zulo entre sus heces y orines, atados con cadenas las 24 horas, con bolas de pienso esparcidas por el suelo entre heces y sin agua potable, ya que la que tenían era insuficiente, de color verde y llena de insectos. Además, la nave en la que se encontraban encerrados estaba repleta de enseres y objetos cortantes.
En la revisión veterinaria a la que fueron sometidos los perros se pudo comprobar que estaban enfermos y sufrían una intensa parasitación interna y externa, acompañada de diarreas y en algunos casos también de vómitos, enrojecimientos, pústulas, heridas y lesiones de diversa consideración en la piel, así como alopecia.
MÁXIMA PENA POR MALTRATO ANIMAL
La Acusación Particular, ejercida por la abogada de Galgos del Sur, Dulce Aguilera, del despacho Justicia-Animales & Medio Ambiente, solicita para cada uno de los acusados un total de tres años y medio de prisión y cuatro años de inhabilitación para la tenencia y cualquier actividad o comercio con animales, la máxima pena que permite el Código Penal en este tipo de delitos. Todo ello por 21 delitos de maltrato animal, cinco de ellos con resultado de muerte.
Por su parte, la Fiscalía acusa a ambos cazadores de un solo delito de maltrato habitual, pidiendo para uno de ellos una pena de 16 meses de prisión y tres años y medio de inhabilitación.
“Esperamos obtener una condena contundente ante hechos tan deleznables y crueles como los que se enjuician en este asunto. Como en otras muchas ocasiones, los perros de rehala sufren en silencio el maltrato más cruento y despiadado, y es necesario que el sistema judicial actúe con rotundidad”, asegura Aguilera.
“Ante un caso donde hay una pluralidad de seres sintientes que han sido víctimas del delito, es necesario un reproche penal aún mayor. La sociedad está cansada de tanta impunidad y esperemos que el juzgador sea consciente de ello”, añade.
DESPROTECCIÓN DE LOS PERROS DE CAZA
Por último, la presidenta de Galgos del Sur, Patricia Almansa, recuerda que no se trata, ni mucho menos, de un caso aislado, sino que esta situación de maltrato animal es generalizada y representa fielmente la forma en la que viven los perros de caza en España.
“Esto son las rehalas. Así viven los perros de caza. En condiciones tan lamentables que incluso muchos tienen que ser sacrificados y no llegan a tener una segunda oportunidad. Y encima esto ocurre con el respaldo de las Administraciones Públicas, como es el caso de la Junta de Andalucía, que declaró las rehalas y la montería como Bien de Interés Cultural”, explica.
“Exigimos al PSOE que retire inmediatamente la enmienda con la que pretende excluir a los perros de caza de la nueva Ley de Protección Animal. Si no lo hace, estará amparando estos hechos tan graves y otros similares que siguen produciéndose cada día en nuestro país, con los perros de caza como víctimas de un partido político que prefiere condenarlos para no molestar al ‘lobby’ de la caza”, concluye.
